Medida del Congreso también haría que los precios de los bienes de consumo se eleven, afectando a los más de 24 millones de peruanos que no están incluidos en el sistema de pensiones.
La Comisión de Economía del Congreso aprobó el pasado martes el dictamen que permitiría realizar un nuevo retiro de hasta S/ 18.400 (4 UIT) de los fondos de pensiones de las AFP. La medida aún deberá pasar al Pleno del Congreso para conseguir su aprobación.
Al respecto, Giovanna Prialé, presidente de la Asociación de AFP, señaló que con esta medida el número de afiliados que se quedaría con cero ahorros para la pensión de jubilación, según cifras de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), se duplicaría llegando a 4,5 millones de personas. Dicha cifra es el 56% del total de afiliados al Sistema Privado de Pensiones (8,3 millones al 3 de abril).
“No hay ningún país en el mundo que no cuente con un sistema de ahorro para la jubilación y aquí estamos haciendo que las personas se gasten todo el ahorro que tienen acumulado para su vejez sin pensar en cómo se financiarán esas necesidades en el mediano plazo”, añadió.
De acuerdo con la SBS, casi un tercio de las personas que accedieron anticipadamente a sus fondos de AFP retiró la totalidad de sus ahorros de jubilación. A octubre del 2021, el número de afiliados sin ahorro previsional se habría incrementado a 2,3 millones, casi el triple de lo registrado al inicio de la pandemia en marzo del 2020. Cabe anotar que esta sería la sexta norma que permita acceder a los fondos de pensiones.
Impacto
En tanto, según un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE), la medida aprobada por la Comisión de Economía del Congreso erosionaría aún más los ahorros disponibles y beneficiaría a trabajadores que no pertenecen a los segmentos más vulnerables, por lo que su aplicación no estaría justificada. Asimismo, el impacto sobre el mercado de capitales y el desarrollo de inversiones de largo plazo en el país sería negativo.
Coincidió con ello Prialé, quien recalcó que la medida no tiene ningún sentido técnico dado que no existe una situación de desempleo peor a la que se tenía en el inicio de la pandemia y porque es una medida que no está focalizada para atender a los más necesitados.
Además, señaló que inyectar más dinero a la economía en un contexto de alta inflación hará que se incremente el consumo o que las personas se refugien en el dólar, con lo cual el tipo de cambio crecería.
“Estos dos actores generan que el precio de los bienes de consumo se eleve siendo las más afectadas las personas que no están incluidas en el sistema de pensiones, que es el grueso de la población. Se generará más inflación y pobreza inmediata con lo que 24 millones de peruanos van a terminar siendo afectados por esta medida”, recalcó.
OCDE
Prialé dijo además que, este tipo de medidas nos aleja más del ingreso al grupo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), porque todos los países miembros deben tener un mínimo de protección social que garantice evitar la pobreza en la vejez.
“En lugar de buscar proteger de manera universal a la población, lo que se ha hecho es que la gente gaste su ahorro para la jubilación, dándole además la responsabilidad de que asuman cómo se sostendrán a partir de los 65 años”, dijo.
Asimismo, añadió que el Gobierno tiene una gran responsabilidad porque el camino para ingresar a la OCDE no solo implica crecimiento económico, sino que también busca bienestar social y nuestro país necesita acceso igualitario de la población, independientemente de su nivel de ingresos, a salud, educación, alimentación y protección social.
Para Enrique Castellanos, docente de Economía de la Universidad del Pacífico, el Estado se está descuidando de políticas importantes y se distrae en asuntos básicos más que en su propia operatividad.
Reformas
Desde la Asociación de AFP se han enviado propuestas de reforma tanto al Ejecutivo como al Legislativo desde el 2014, sin embargo, no ha habido voluntad de tomar en serio una propuesta adecuada a las necesidades de la población del país, señaló Prialé.
Explicó que entre las reformas que se deben tener en cuenta está el pilar uno, que está referido a la protección social mediante el establecimiento de una pensión mínima para toda la población, que se financie con impuestos generales.
Añadió, que los países con un mejor sistema de pensiones arman una base privada donde prima el ahorro y es el Estado quien, a través de un aporte adicional, complementa a favor de las personas de ingresos bajos con poca capacidad de ahorro.
Otro pilar es el voluntario, que es para las personas con mayor capacidad de ahorro y que genera un efecto positivo para quienes se van jubilando. Además de aumentar el tamaño del fondo, este puede ser utilizado para invertir en proyectos que generen crecimiento económico.
El IPE también ha venido planteando una reforma integral del sistema de pensiones en el Perú, que incluye cuatro ejes.
En primer lugar, establecer una pensión mínima asegurada por el Estado que beneficie a todos los afiliados al sistema, tanto público como privado, y complemente la pensión producto de la contribución de cada aliado. En segundo lugar, frente a la insostenibilidad financiera de la ONP y la baja protección que ofrece a sus afiliados, se propone migrar progresivamente y con responsabilidad fiscal hacia un sistema de capitalización individual, que reconozca los aportes ya realizados al sistema público.
Tercero, se reconoce que ninguna reforma pensionaria funcionará sin incluir a los trabajadores independientes e informales. Al respecto, se plantea incentivar el aporte voluntario a través de un esquema de copago, que empareje el aporte de estos trabajadores con una contribución proporcional del Estado, hasta asegurar la pensión mínima.
Por último, el Estado podría depositar un “capital semilla” a una cuenta individual de cada recién nacido. Debido a la acumulación de intereses, un aporte inicial relativamente pequeño permitiría asegurar un fondo a la edad de jubilación suficiente para alcanzar la pensión mínima.
Diario El Comercio [18.04.2022]